En las últimas semanas, la Asamblea Local de Izquierda Unida en Coín presentó una alegación en relación al “Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur para información pública relativa al proyecto de construcción de conducción desde la presa de Cerro Blanco (río Grande) a la E.T.A.P. del Atabal (Málaga)”, aparecido en el BOE nº 19, del jueves 22 de enero de 2004. En dicha alegación, que adjunto al presente escrito, se repasan y argumentan los motivos por lo que no debe hacerse la citada conducción. Desde la asamblea local de IU en Coín pensamos que este anuncio es un síntoma más de la política “economicista” del gobierno, manejado por las grandes empresas, que jamás buscarán algo más que el beneficio propio, sin pensar nunca en el bien común. De esto, evidentemente no se puede acusar a las empresas, pero sí al gobierno, que debe velar por el bienestar y la calidad de vida de todos los Españoles - incluidos los regantes de Río Grande – y no exclusivamente por los beneficios económicos de las grandes constructoras de infraestructura.
El escrito de alegaciones comienza mostrando la prepotencia del proyecto al hablar de la “Presa de Cerro Blanco”, entidad que no existe, y que para su ejecución necesitaría del preceptivo Estudio de Impacto Ambiental en el que se contemple la opción cero, es decir, la alternativa de que no se lleve a cabo. Del mismo modo, el proyecto que nos compete debería contar con el Estudio de Impacto Ambiental, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de la obra; y el hecho de dividir en proyecto en dos partes (ahora las conducciones y luego la presa), nos parece una forma de intentar evitar el susodicho Estudio de Impacto Ambiental.
Otro de los puntos que se tocan en las alegaciones es la Directiva Marco del Agua, documento Europeo que sienta las bases para el uso y gestión del agua; pues bien, en la citada directiva, actualmente en vigor, se prescribe que para el año 2.015 se debe garantizar que el río (Grande, en este caso) recupere su buen estado original, tanto químico como ecológico. Afirmación totalmente incompatible con la construcción de un azud y unas canalizaciones, teniendo en cuenta además que el caudal ecológico mínimo que los estudios aconsejan se sitúa en al menos el 70,2% de la media nacional, con lo que sólo se podrían extraer unos 25 Hm3/año, de los que ya se extraen para regadío al menos 14 Hm3.
Se alega también por el riesgo de inundaciones y avenidas que el proyecto provocaría, debido a la destrucción de la vegetación de ribera y la compactación de la banda, paralela a ambos márgenes, por donde circularían las conducciones.
Se analiza también el hecho de que el proyecto ha multiplicado por cuatro sus costes desde el anteproyecto inicial, y que teniendo en cuenta que aún no se ha llevado a cabo y puede seguir sufriendo incrementos, habría que valorar la posibilidad de la desalación de agua de mar como alternativa, pues estamos seguros de que si valoráramos los costes sociales y ambientales, la opción de la desalación sería la elegida.
Por último, se cita que el pretendido proyecto afectaría a una zona LIC (un tipo de protección de la naturaleza de la Comunidad Económica Europea) denominada Guadalhorce – Pereilas – Fahala.
No queremos terminar este escrito sin valorar los efectos del cambio de gobierno nacional sobre el proyecto en cuestión, pues parece que el PSOE no está por el Plan Hidrológico Nacional, en el que aparecía el mismo. No nos gustaría que Río Grande fuera (tomando un símil de Pedro Arrojo) el último muerto de una guerra cuya paz ya se ha firmado, pues están tan muertos los primeros como los últimos, y animaríamos a los dirigentes del PSOE en la zona afectada a que corrieran tanto como corrieron para convocar una reunión de afectados por el proyecto, en Coín a una semana escasa de las elecciones y en la que los únicos dirigentes políticos invitados eran del PSOE.